Con esta decisión de la Audiencia Nacional queda demostrado que además de controlar el poder legislativo, los mercados también controlan el poder judicial español.
La Audiencia Nacional no ha admitido a trámite la querella presentada por el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Izquierda Unida y la asociación ATTAC contra las agencias de calificación de riesgos Standard & Poors, Moody’s y Fitch.
En la particular opinión del juez Ismael Moreno la redacción de los informes que las agencias utilizaron para manipular los precios de la deuda española "no constituye un delito", ni, según él, se puede inferir de ellos el uso de información privilegiada. Sin embargo, en el mismo auto, y tras declararse incapaz de determinar este clarísimo punto, el juez Moreno se atreve a afirmar con rotundidad que "su intención no era perjudicar al país o alterar el funcionamiento del mercado".
En la querella ahora rechazada, se argumentaban las rebajas aplicadas por estas polémicas y cuestionadas agencias privadas a la deuda soberana española entre 2009 y 2010. Tras las cuales, las empresas que participan del accionariado de las agencias obtuvieron importantes ganancias con operaciones de especulación en torno a la deuda española.
En el auto judicial, el juez Moreno se resiste a admitir que las agencias difundieran falsedades sobre la deuda española y menos aún que utilizaran información privilegiada e interesada, y deja las manipulaciones de las agencias Fitch, Standard & Poors y Moody’s en «simples errores», y para ello argumenta en defensa de las agencias que otros expertos también se equivocaron, sin tener en cuenta que la influencia en la economía de agencias y ’otros expertos’ no es en absoluto comparable.
En el mes de julio, la Fiscalía Anticorrupción rechazó investigar a las agencias privadas de calificación de deuda, pese a que reconocía que su actuación interesada perjudicó económicamente a España, ya que a cada descalificación de la deuda española que se producía, seguía un sensible encarecimiento de la financiación del Estado en ’los mercados’.
A pesar de las evidencias, la Fiscalía Anticorrupción se niega a llevar a cabo la más que oportuna investigación penal contra quienes actuaron abierta y frontalmente contra los intereses de las cuentas públicas y de los ciudadanos españoles.
Esta extraña decisión de la Audiencia Nacional en favor de las agencias que perjudicaron gravemente a las finanzas públicas y a los inversores privados, podrá ser recurrida por los demandantes, algo que éstos se han apresurado a confirmar y que ya preparan.
[Fuente: TerceraInformación.es]
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